La Audiencia Nacional emite una orden de busca y captura contra el jefe de ETA Josu Ternera

La Audiencia Nacional ha emitido una nueva orden de detención contra el histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, en el marco de la causa por la financiación de la banda terrorista a través de las herriko tabernas, la red de locales controlados por la izquierda abertzale utilizada durante décadas como soporte económico y logístico de la organización criminal.
El auto judicial señala que Ternera, considerado uno de los máximos responsables políticos de ETA y vinculado a algunos de los episodios más sangrientos de la historia reciente de España, debe ser arrestado por su presunta participación en la estructura que permitió a la banda nutrirse de fondos mediante estos establecimientos. La orden llega tras constatar que el exdirigente etarra no ha dado cumplimiento a las citaciones judiciales y sigue fuera del alcance de la Justicia española.
Una figura clave del terrorismo etarra
‘Josu Ternera’, huido durante largos periodos y protagonista de un historial plagado de atentados mortales, ya fue detenido en Francia en 2019, aunque posteriormente quedó en libertad con medidas cautelares. Ahora, España reclama su entrega para que responda por las responsabilidades aún pendientes relacionadas con la macrocausa de las herriko tabernas, en la que se investigó la financiación ilegal de ETA durante más de tres décadas.
La Audiencia Nacional subraya que la estructura económica creada alrededor de estos locales fue esencial para mantener la actividad de la banda, proporcionando recursos, refugio y propaganda a su entramado político. Ternera, que llegó a ser parlamentario vasco mientras ETA continuaba matando, es considerado uno de los ideólogos de esta red.
Un paso más hacia el cierre del pasado terrorista
Con esta orden de detención, la Justicia española busca avanzar en la rendición de cuentas de los antiguos dirigentes de la organización, en un momento en que el debate sobre la memoria y la convivencia en el País Vasco sigue plenamente vivo. Las asociaciones de víctimas han celebrado la decisión y reclaman que ninguno de los responsables quede impune.
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