Todos los escándalos que tienen a Emilio Rached sentado en el banquillo de los acusados
Emilio Rached, exintendente de la ciudad de Pinto (Madrid), atraviesa desde hace años varias controversias públicas y causas judiciales vinculadas a presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y señalamientos sobre adjudicaciones de planes y obras.
Lo publican en Argentina nuestros compañeros de Nuevo Diario Web.
Cronología de hechos y denuncias principales
– 2013 — Señalamientos en España sobre adjudicaciones y la fundación Pinares
Informes periodísticos internacionales y locales señalaron irregularidades en un programa de vivienda/beneficiarios con conexión a la fundación Pinares, donde aparecen vinculados beneficiarios familiares (menciones a una hija en listados). Las notas alarmaron por posibles adjudicaciones no dirigidas a los sectores más necesitados y fueron difundidas por medios que cubrieron el caso en España y Argentina.
– 2016–2018 (gestión como intendente de Pinto) — Convenios, obras y fondos nacionales
Durante su gestión municipal en Pinto se ejecutaron convenios con la Nación para obras. Posteriormente, la Justicia federal de Santiago del Estero investigó supuestas irregularidades en la ejecución de esos convenios (montos que, según la investigación, no habrían sido aplicados a las obras previstas). Esa causa originó imputaciones por presunto desvío de recursos.
– 2021 — Procesamiento por malversación, peculado y abuso de autoridad
En febrero de 2021, el juez federal de Santiago del Estero dictó el procesamiento contra Rached por —según la resolución— malversación de caudales públicos (art. 260 CP), peculado (art. 261 CP) y abuso de autoridad (art. 248 CP), en relación con los fondos del convenio de obra que nunca se concretó. En julio de 2021 la Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento, lo que implicó un avance judicial relevante hacia un eventual juicio oral.
– 2025 — Inicio de juicio oral
El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero comenzó a juzgar a Emilio Rached por los delitos que motivaron su procesamiento (malversación, peculado y abuso de autoridad), junto a otras personas vinculadas a la gestión municipal (exfuncionarios y empleados).
Qué se le imputa exactamente
Los ejes criminales sobre los que la investigación y la eventual acusación se han sustentado son —en lenguaje jurídico resumido—:
– Malversación de caudales públicos: uso o disposición indebida de fondos destinados a obra pública.
– Peculado: apropiación o utilización indebida de bienes o fondos públicos por parte de un funcionario.
– Abuso de autoridad: acciones ejecutadas por el funcionario que exceden o desvían las funciones públicas para favorecer fines personales o de terceros.
Los detalles fácticos (quiénes recibieron qué pagos, fechas exactas de transferencias, partidas presupuestarias afectadas y su destino final) son los que las piezas probatorias del expediente intentan probar en el juicio oral.
Estado procesal y consecuencias públicas
Procesamiento confirmado (Cámara): la confirmación del procesamiento en julio de 2021 por la Cámara Federal de Tucumán fue un paso que sostuvo la imputación y permitió la elevación de la causa a instancias posteriores.
Juicio oral en curso: La causa llegó a juicio oral en el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, lo que implica que la Fiscalía y las defensas expondrán sus pruebas en sede pública y el Tribunal deberá resolver sobre responsabilidad penal.
¿Qué está probado y qué está en litigio?
Probado públicamente: existen resoluciones judiciales que llevaron a procesar a Emilio Rached (confirmadas por la Cámara en 2021) y la causa llegó a juicio oral. Estas decisiones judiciales y la apertura del juicio son hechos verificables y publicados.
En litigio: la responsabilidad penal definitiva (es decir, una condena firme) aún depende del resultado del juicio oral y/o de eventuales apelaciones.
La causa judicial clave: desvío de fondos destinados a obras en Pinto
Origen del caso: convenio nacional para obras en Pinto
En 2016, la Municipalidad de Pinto —bajo la intendencia de Rached— firmó un convenio con la Nación (a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda) para ejecutar obras públicas: infraestructura básica, mejoramiento comunitario en varios barrios (España, San Martín, El Tigre y Libertad), construcción de un polideportivo tipo “NIDO” y red de desagües cloacales para todo el municipio. El monto girado desde la Nación habría sido $ 44.325.199,60.
Qué se le reprocha al municipio bajo su gestión
Según la causa, la Municipalidad solo rindió cuentas por $ 39.813.018,10.
No se verificó que las obras prometidas (cloacas, polideportivo, saneamiento en los barrios) se hayan realizado en su totalidad: técnicos provinciales argumentaron que la obra de desagües cloacales no llegaría al 30 % de ejecución.
Además, parte del dinero —en particular intereses generados por un plazo fijo constituido con fondos del convenio— habría sido transferido a la cuenta general del municipio, cuando estos fondos estaban afectados exclusivamente al convenio, lo que vulneraría el destino convenido.
Se detectaron facturas cuestionadas: facturas emitidas por una empresa recientemente constituida (según la causa) cobraban por sumas que totalizan $ 3.673.029,89, equivalente a alrededor del 9 % del monto recibido.
La acusación señala que —en su rol de intendente— Rached tenía la responsabilidad de administrar, ejecutar y supervisar las obras, garantizar la transparencia en el manejo de los fondos y garantizar que los fondos nacionales se utilizaran conforme a lo pactado.
Su exsecretaria de Economía (en ese entonces) también fue imputada, ya que correspondía a su cargo administrar los fondos municipales.
Importancia política reciente: su nombramiento en otra provincia y candidatura a vicegobernador de Alejandro Parnás
Un dato llamativo: a pesar del procesamiento confirmado, Rached fue designado como funcionario en otra provincia. En 2025 figura como subsecretario en la provincia de Santa Fe. Esto generó críticas respecto de los criterios de nombramiento y la gestión pública se cuestiona la coherencia entre una supuesta política de “transparencia y austeridad” y la incorporación de un dirigente con causas penales por malversación.
En la localía, Rached es socio político y fue candidato a vicegobernador de Alejandro Parnás en el sector Despierta Santiago. El espacio político está integrado también por Facundo Pérez Carletti y el exintendente de La Banda, Héctor “Chabay” Ruiz. Tanto Rached como “Chabay” atravesaron tormentas judiciales relacionadas con sus desempeños institucionales y políticos : “Chabay” Ruiz fue condenado por confesar haber violado a una mujer que le fue a pedir trabajo al municipio cuando ejercía la jefatura de la ciudad de La Banda para luego darse a la fuga a la exclusiva costa argentina mientras era buscado por la Justicia.
La política de la bragueta: dos violadores, candidatos en las elecciones argentinas
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