Hay un tema ahora mismo del que apenas leeremos titulares pomposos, que tiene que ver con una empresa estatal, ahora abocada a una gran transformación. Pero empecemos con un ejemplo para situarnos: ¿Se acuerdan de las pizarras en las aulas, con sus tizas y sus borradores? Ahora se apuesta paulatinamente, por pantallas digitales gigantes. Los tiempos cambian, pero los profesores siguen siendo profesores y los alumnos, alumnos.

¿Qué les parecería si los alumnos, en lugar de ver reflejados los contenidos de sus asignaturas en las pantallas gigantes, contemplaran anuncios de empresas automovilísticas, con convenios de colaboración comercial con el Estado? ¿Y si ustedes trabajaran en la competencia de estas empresas? ¿Y si los profesores estuvieran obligados a venderles, a sus familias, estos automóviles?

El Estado Español, desde los años 80, se ha venido embarcando en la privatización de herramientas del Estado, en base a la normativa europea de desregularización y defensa de la competencia. Desconozco si en las clases de historia de esas aulas tan tecnologizadas, a las que se aludía en las líneas precedentes, se estudiará el concepto de las “venalidades”. De ser así, concluirán con que esta práctica contemporánea, no dista tanto de aquélla, al resumirse, simple y llanamente en: “venta de poder público a los amigos”.

La gran diferencia entre una y otra, estriba en que, antaño, las funciones de los servicios se mantenían. A día de hoy, se han transformado en:

– Venta de la soberanía al globalismo, en nombre del libre comercio.

– Transformación del sector público, que lo despoja del “apellido”: servicio (público).

Todos recordamos la privatización de Telefónica; En ese momento, se pasa de garantizar la comunicación en todos los rincones (hogares y calles españoles), a la apertura al mercado internacional y patrocinios varios, pero sin perder la función primigenia.

Pero ¿Ocurre lo mismo en el caso de Correos?

Correos sigue siendo público, aunque el correo electrónico ha sustituido al postal prácticamente por completo y la Administración pública se ve sumida en un reto continuo, especialmente desde que se legislara el derecho del acceso electrónico de los ciudadanos a información y servicios públicos, a principios de este siglo; pero a la vez, la ley garantiza el acceso a estos servicios a todos, con lo que el papel también debe existir.

Así que ¿En qué lugar queda Correos?

Pese a esta residual convivencia (en el terreno de la gestión administrativa y judicial, principalmente), Correos se convierte, para los ciudadanos, en un operador más de paquetería (ante el reinado de las compras online) y ya pocos distinguen entre un cartero y un repartidor. Además, cuando una persona entra en una oficina de Correos, puede no distinguirla de un comercio tipo Fnac o El Corte Inglés. Recoge o envía y, a su vez, puede comprar lotería (vale, “solidaria”), Baby Pelones (también “solidarios”, venga…), pero llega un día en el que se encuentra que la, en otro tiempo, empresa pública Repsol, también se oferta en Correos (bueno, era algo “nuestro”, no pasa nada). Y el umbral de la aceptación sube hasta que: ¡Tachán! Las oficinas de Correos se inundan de publicidad de seguros AXA, multinacional de seguros y reaseguros de origen francés.

Se anuncia sin tapujos que ese negocio de seguros es la llave del Plan Estratégico 2024-2028 de la Sociedad Estatal de Correos y Telegráfos y SEPI, para que la inyección de 3.000 millones del erario público, destinada a sanear la empresa postal, arroje beneficios, porque sumado a que el tema del correo tradicional es residual en nuestras vidas, parece que la paquetería no es un buen negocio (tal vez por el aluvión de competidores globalistas), “la pescadilla que se muerde la cola”.

En resumen:  Las aulas donde se venderían automóviles, parecerían no ser un ejemplo tan surrealista…

No es que el Estado ceda, a cambio de un acuerdo económico, parte de sus instalaciones, para que una empresa privada se lucre, aprovechando la infraestructura pública… Sino que pretende convertirla en una Correduría de Seguros, obligando a sus trabajadores públicos (que aprobaron sus exámenes de acceso a empleo público, para trabajar en el sector postal y así consta en sus contratos), a ser mediadores de seguros.

Un cambio radical de sector, en nombre del negocio, que dinamita un servicio público: ¿Éste es el servicio que pregonaba no abandonar a nuestros pueblos, ni a nuestros mayores ante las nuevas tecnologías? ¿Para esto se genera empleo público, para que los trabajadores públicos trabajen para multinacionales? ¿Es permisible o incluso legal, que las infraestructuras públicas, sufragadas con el sudor de la frente del contribuyente, se conviertan en oficinas de empresas privadas, continuando siendo públicas o se privaticen? ¿Sus réditos económicos acaso, llenarán las arcas del Estado o irán a parar íntegra o parcialmente, a sueldos o nuevos chiringuitos del personal político, que copa una empresa pública?

En esta tesitura, les ruego disculpen a los trabajadores de la empresa postal, por su insistencia en venderles cualquier cosa, porque a pesar de ser trabajadores públicos, probablemente, se estén jugando su pan, de no venderles un seguro del hogar, salud o automóvil, por ejemplo…

Ellos, que fueron contratados en su día para garantizarnos un servicio básico a los ciudadanos, ahora mismo están trabajando, y más que lo van a hacer posiblemente, para embaucarnos, llenando los bolsillos de las oligarquías estatales, y no tan estatales…

Autor: Jordi Garriga

Técnico industrial especializado en dirección de CNC. Colaborador en diversos medios españoles y del extranjero como autor, traductor y organizador. Ensayista, ha publicado varios libros sobre temas históricos, políticos y filosóficos. Ha sido militante y cuadro político en Juntas Españolas y el Movimiento Social Republicano.