John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, escribió Dos tratados sobre el gobierno civil en un momento en que Inglaterra vivía fuertes tensiones entre la monarquía y el Parlamento.
Desde ese contexto, advertía que un poder sin límites devora la libertad y que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial deben vigilarse mutuamente; sin esos frenos y contrapesos, la justicia se convierte en un espejismo.
Hoy en España, esa advertencia sigue plenamente vigente. Casos de presunta corrupción afectan al presidente Pedro Sánchez, a su familia y a miembros de su gobierno, como José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, quien ha salido de prisión ante la falta de riesgo de destrucción de pruebas. Por su parte, la inhabilitación por dos años del fiscal general del Estado, García Ortiz —un hecho insólito en la historia de nuestra democracia—, apenas refleja la magnitud de sus faltas. A veces, la justicia no alcanza a quienes debería y, cuando lo hace, los castigos parecen irrisoriamente leves. Los implicados entran por una puerta y salen por otra, sin consecuencias reales.
El ciudadano observa resignado cómo la impunidad se filtra por todo el sistema. La ley, en lugar de proteger a todos por igual, parece adaptarse a quienes la manejan, dejando la sensación de que el poder influye directamente en la justicia y de que los poderosos rara vez pagan por sus actos. Así, se diluye —o directamente se pone en duda— aquella separación de poderes que Locke consideraba esencial.
Ante esto surgen preguntas inevitables:
¿Qué protección real pueden esperar los ciudadanos?
¿Qué imagen estamos dando como país?
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