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El Ayuntamiento de Ponte Caldelas (Pontevedra) vive días de tensión política tras el nombramiento de Andrés Díaz Sobral, alcalde socialista del municipio, de su pareja sentimental, Isabel Pregal, como nueva concejala de Igualdad.
La designación salió adelante en el pleno solo con los votos del PSOE y ha provocado críticas por lo que la oposición considera un caso de nepotismo y un uso discutible de recursos municipales.
A la controversia se suma otro elemento: el cargo estará remunerado con fondos públicos, ya que la edil contará con retribución municipal con dedicación parcial o exclusiva —según la organización interna del consistorio— sufragada íntegramente por el presupuesto del Ayuntamiento, es decir, dinero de los contribuyentes.
Tendrá una retribución pública de 33.000 euros anuales (2.750 euros al mes).
Un área sensible con relación personal directa
La Concejalía de Igualdad gestiona políticas clave como:
- Violencia de género
- Programas sociales
- Conciliación familiar
- Subvenciones públicas
- Campañas educativas
Se trata, por tanto, de una cartera especialmente delicada desde el punto de vista institucional.
El hecho de que el puesto recaiga en la pareja del alcalde ha despertado malestar político y vecinal, al considerar que no se ha abierto ningún proceso de selección ni concurrencia pública.
Perfil profesional y críticas
Pregal se presenta en sus redes como coach de inteligencia emocional, experiencia que desde el entorno del Gobierno local se esgrime para justificar su idoneidad.
Sin embargo, los grupos críticos cuestionan que no se compararan otros perfiles técnicos, no existiera convocatoria pública y se tratara de un nombramiento directo por confianza
Varios concejales han denunciado lo que califican de «dedazo político».
El debate del sueldo público
Uno de los aspectos que más ha encendido la polémica es que el puesto conlleva remuneración municipal, lo que implica que la concejala percibirá un salario pagado con dinero público.
La oposición subraya que, aunque la ley permita nombramientos de confianza, la ética política exige evitar vínculos familiares o sentimentales cuando existe retribución económica, para no generar sospechas de trato de favor.
Expertos en gobernanza recuerdan que este tipo de situaciones, aun siendo legales, pueden erosionar la credibilidad institucional, especialmente en municipios pequeños donde la cercanía personal es mayor.
Malestar en el municipio
En una localidad del tamaño de Ponte Caldelas, la decisión ha corrido rápidamente entre vecinos y asociaciones, que reclaman más transparencia y explicaciones claras sobre el procedimiento seguido.
Mientras tanto, el equipo de Gobierno defiende que la designación responde a criterios de confianza y capacidad profesional.
La polémica, lejos de apagarse, amenaza con convertirse en uno de los principales focos de debate político local en los próximos meses.
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