La UE pone en la diana a ‘Traidor’ Sánchez: se opone a la regularización masiva de migrantes y a la censura digital

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Pedro Sánchez se enfrenta a un rechazo contundente por parte de la Unión Europea ante dos propuestas que considera clave: la regularización extraordinaria de entre 500.000 y 800.000 migrantes, y su plan para controlar internet rastreando la «huella de odio y polarización» en las redes sociales.

Ambas iniciativas han provocado una reacción sin precedentes en Bruselas, que sostiene que el Ejecutivo español actúa fuera de sus competencias y vulnera regulaciones comunitarias que deben ser respetadas.

La Comisión Europea no ha dejado lugar a dudas en su advertencia.

El portavoz Thomas Regnier enfatizó que el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA) es «de cumplimiento obligatorio» y que los Estados miembros no pueden añadir nuevas regulaciones que lo contradigan.

La propuesta de Sánchez busca establecer un sistema algorítmico gestionado por el Gobierno para supervisar contenidos de odio en plataformas digitales, algo que expertos han calificado como un posible intento de convertir al Ejecutivo en «censor». Según fuentes de Bruselas, esta medida podría «vaciar de sentido» la DSA al introducir obligaciones penales que ya están armonizadas por la normativa europea para todos los Estados miembros.

La iniciativa relacionada con internet ha generado confusión en el ámbito político interno. El Gobierno ha combinado en una única norma dos aspectos distintos: la protección de menores en redes sociales —una propuesta del Partido Popular que fue incorporada como una enmienda— y su interés personal por perseguir la «huella de odio y polarización» entre usuarios adultos. De acuerdo con fuentes del PP Europeo, «probablemente Sánchez improvisó». Los populares españoles critican que «estos dos elementos no encajan en la misma norma» y que perseguir contenidos así «no se ajusta a las leyes europeas».

El debate urgente en la Eurocámara

El Parlamento Europeo ha convocado un debate monográfico para la próxima semana con el fin de abordar «la preocupación expresada por muchos Estados miembros» ante las decisiones unilaterales del Gobierno español. Esta convocatoria fue impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE), respaldado por grupos conservadores en la Eurocámara. Alberto Núñez Feijóo destacó en la cumbre de líderes del PPE en Zagreb que la regularización masiva «contradice lo que están haciendo todos los socios de la Unión Europea», quienes abogan por un mayor control sobre los flujos migratorios mientras España parece abrir las puertas «al descontrol».

Los populares europeos argumentan que una legalización masiva de migrantes irregulares «debilita gravemente la política migratoria» del conjunto europeo. Feijóo defendió una regularización basada en criterios individuales y condicionados —como contar con un contrato laboral, comprometerse a una integración social adecuada y tener antecedentes penales limpios— todo ello dentro del marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo. El procedimiento acelerado mediante real decreto, evitando así el debate parlamentario donde permanece bloqueada la Iniciativa Legislativa Popular sobre migraciones, ha sido objeto de duras críticas por saltarse los trámites democráticos.

La preocupación europea por el efecto llamada

La regularización podría tener repercusiones directas para todo el espacio Schengen. Aquellos que sean regularizados en España no solo obtendrán derechos como ciudadanos españoles, sino también libertad de movimiento dentro de toda la Unión Europea. El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por el partido de Giorgia Meloni, ha solicitado a la Comisión Europa que frene y evalúe esta medida. En una carta dirigida a la presidenta Ursula Von der Leyen y al comisario de Interior Magnus Brunner, advierten que una regularización «repetida y a gran escala» en un área sin controles fronterizos internos puede incentivar nuevos flujos migratorios y generar desconfianza entre los Estados miembros.

Las consecuencias ya son palpables. Aunque aún no se ha concretado del todo, se observan largas colas de migrantes llegados incluso desde países vecinos colapsando los servicios de extranjería españoles. Esto, inevitablemente, fomenta el trabajo de las mafias dedicadas al tráfico humano. Varios jefes de Estado y Gobierno manifestaron su «preocupación» por esta regularización masiva durante la cumbre del PPE celebrada en Croacia.

La postura de Bruselas y las críticas desde Telegram

El comisario Magnus Brunner ha indicado que la regularización es una opción legal, dejando claro que corresponde a cada Estado miembro decidir cómo gestionar a las personas ya presentes en su territorio, especialmente según las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, desde Bruselas también se señala que esta medida resulta «injusta para quienes han respetado las normas» y puede «erosionar el respaldo público hacia sociedades abiertas y tolerantes».

Por otro lado, la propuesta sobre control digital presentada por Sánchez ha suscitado reacciones internacionales significativas. El propietario de Telegram acusó al Gobierno español de intentar establecer «un estado de vigilancia» bajo el pretexto de ofrecer protección digital. Esta crítica se suma a las advertencias provenientes desde Bruselas sobre lo inapropiado que sería perseguir penalmente a directivos de plataformas por contenidos ilícitos, algo ajeno a lo contemplado por la DSA, lo cual violaría los principios regulatorios europeos.

Así pues, el Gobierno español se encuentra ante una disyuntiva: sus dos iniciativas más destacadas enfrentan un rechazo coordinado tanto desde instituciones europeas como desde grupos políticos y actores tecnológicos globales, quienes consideran que Sánchez intenta operar fuera del marco legal comunitario. La próxima semana será crucial en la Eurocámara para desvelar hasta qué punto esta oposición internacional puede influir en sus planes.