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El líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, está cada vez más cerca de cumplir uno de sus principales objetivos políticos: alcanzar los 200 presos de ETA en libertad o en régimen de semilibertad. Según los datos disponibles, 163 exmiembros de la banda terrorista ya se encuentran fuera de prisión o clasificados en tercer grado, una cifra que se ha acelerado en los últimos años.
El avance de estas excarcelaciones coincide con el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez, un respaldo que el propio Otegi vinculó explícitamente a la situación de los presos.
“Esos 200 tienen que salir”
«Esos 200 tienen que salir. Si hay que votar los Presupuestos, los votaremos», afirmó Otegi en declaraciones públicas que marcaron un punto de inflexión en la estrategia de Bildu en el Congreso de los Diputados.
Desde entonces, los beneficios penitenciarios se han ido sucediendo de forma constante, alimentando la polémica política y el malestar de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que denuncian una cesión del Estado a cambio de estabilidad parlamentaria.
Francia y los terceros grados, claves del proceso
Entre los factores que han acelerado las salidas de prisión destacan los descuentos de condena aplicados en Francia, tras el reconocimiento de penas cumplidas en el país vecino, y la concesión de terceros grados desde la transferencia de la competencia de Prisiones al País Vasco.
Desde ese traspaso, las decisiones penitenciarias han quedado en manos del Ejecutivo autonómico, lo que ha facilitado un cambio de criterio en la clasificación de los presos de ETA.
Críticas de las víctimas
Las asociaciones de víctimas han alertado en reiteradas ocasiones de que estas excarcelaciones se están produciendo sin exigencias reales de arrepentimiento, colaboración con la Justicia o esclarecimiento de los más de 300 asesinatos sin resolver.
Para estos colectivos, el proceso supone una humillación a la memoria de las víctimas y una quiebra del principio de justicia, al considerar que se está premiando a quienes formaron parte de una organización terrorista.
El papel del Gobierno
Desde el Gobierno, se defiende que las decisiones se ajustan estrictamente a la legalidad vigente y a la normativa penitenciaria, rechazando cualquier relación directa entre los apoyos parlamentarios de Bildu y la política de excarcelaciones.
Sin embargo, la sucesión de hechos y las propias declaraciones de Otegi han alimentado la percepción de que existe un intercambio político que ha convertido la política penitenciaria en una moneda de cambio parlamentaria.
Un objetivo cada vez más cerca
Con 163 presos ya en libertad o semilibertad, el umbral de los 200 excarcelados se encuentra cada vez más próximo. Un escenario que mantiene abierta la controversia política y social sobre el legado de ETA, el papel de Bildu en la gobernabilidad de España y el precio político que está dispuesto a pagar el Ejecutivo para asegurar su estabilidad.
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