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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha impulsado un contrato público valorado en hasta 1.530.159,38 euros para la traducción de la web oficial de La Moncloa al catalán, gallego, euskera, valenciano e inglés, según publica El Debate.
El importe incluye una posible prórroga de un año y contempla la contratación de nueve traductores, cada uno con un salario anual de 64.523,62 euros, una cifra que, según la información publicada, supone un 130 % más de lo establecido en el convenio del sector.
Nueve traductores y cinco lenguas oficiales
De acuerdo con el pliego del contrato, el Gobierno prevé incorporar:
- Dos traductores de catalán
- Dos de euskera
- Dos de gallego
- Dos de valenciano
- Uno de inglés
El objetivo oficial del contrato es reforzar el acceso multilingüe a los contenidos institucionales del Ejecutivo, una decisión que se enmarca en la política de pluralidad lingüística defendida por el Gobierno.
Un coste que reabre el debate sobre el gasto público
La cuantía del contrato ha reabierto el debate político sobre el uso de fondos públicos y las prioridades presupuestarias del Ejecutivo, especialmente en un contexto de presión fiscal, inflación y recortes en otros ámbitos de la administración.
Críticos con la medida cuestionan la necesidad real de un gasto de esta magnitud para la web institucional, mientras que desde el Gobierno se defiende que se trata de una obligación de accesibilidad y pluralidad acorde con el marco constitucional.
Sueldos por encima del convenio
Uno de los aspectos más controvertidos del contrato es el salario asignado a los traductores, que supera ampliamente los estándares del sector. Cada profesional percibirá 64.523,62 euros anuales, lo que supone un 130 % por encima del convenio, según la información publicada.
Este detalle ha provocado críticas desde sectores que denuncian una brecha entre el discurso de contención del gasto y la realidad de determinadas contrataciones públicas.
Traducciones y equilibrios políticos
La iniciativa se produce en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez depende del apoyo parlamentario de fuerzas nacionalistas y regionalistas, para las que la visibilización de las lenguas cooficiales es una reivindicación central.
Para la oposición, el contrato es un ejemplo más de concesiones políticas financiadas con dinero público; para el Ejecutivo, una medida de normalización institucional.
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