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El Gobierno de Venezuela ha anunciado un giro inesperado en su política penitenciaria y judicial. La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó este viernes la preparación de una ley de amnistía dirigida a presos políticos y el cierre progresivo de ‘El Helicoide’, el controvertido centro de detención de Caracas convertido durante años en símbolo de la represión contra la disidencia.
Según explicó la dirigente chavista, la medida pretende «abrir una nueva etapa de reconciliación nacional» y responder a un «contexto internacional cambiante». El anuncio llega tras semanas de presión diplomática y advertencias públicas desde Washington, donde el presidente estadounidense Donald Trump había exigido «gestos verificables» en materia de derechos humanos como condición para cualquier alivio de sanciones.
Una cárcel símbolo de la represión
‘El Helicoide’, antigua estructura comercial reconvertida en sede del servicio de inteligencia (SEBIN), ha sido señalado durante años por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por presuntas detenciones arbitrarias, aislamiento y malos tratos a opositores, activistas y periodistas.
El cierre de estas instalaciones supondría, de confirmarse, uno de los gestos más relevantes del chavismo en materia de derechos civiles desde el endurecimiento del conflicto político tras las protestas masivas de la última década.
Amnistía condicionada
Rodríguez avanzó que la futura norma incluirá la revisión de condenas y excarcelaciones selectivas, aunque no precisó cifras ni plazos. Tampoco aclaró si la amnistía abarcará a todos los casos considerados «presos políticos» por la oposición o solo a determinados perfiles.
Fuentes de la oposición venezolana han recibido el anuncio con cautela, reclamando garantías jurídicas y supervisión internacional. «No basta con promesas; necesitamos liberaciones reales y el fin de las detenciones por motivos políticos», señalaron portavoces parlamentarios en el exilio.
Presión exterior y cálculo político
Analistas consultados apuntan a que el movimiento responde tanto a la presión exterior de Estados Unidos como a la necesidad del Ejecutivo de rebajar tensiones económicas en un contexto de sanciones, inflación persistente y desgaste social.
Desde Washington, la Casa Blanca ha insistido en que cualquier acercamiento dependerá de medidas “concretas y verificables”, entre ellas la liberación de presos y la mejora de las condiciones electorales.
El Gobierno venezolano ha asegurado que el proyecto de ley será presentado «en las próximas semanas» ante la Asamblea Nacional. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos exigen un calendario claro de cierres y traslados y la presencia de observadores independientes para garantizar la transparencia del proceso.
De materializarse, la clausura de ‘El Helicoide’ marcaría el fin de uno de los enclaves más polémicos del sistema penitenciario venezolano y podría convertirse en un punto de inflexión en la relación entre Caracas y la comunidad internacional.
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