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El Gobierno de La Rioja destina alrededor de 100.000 euros mensuales de fondos públicos al alojamiento de 12 menores extranjeros no acompañados (menas) en un chalet de alto standing con piscina y amplias zonas privadas, según la documentación contractual consultada por este medio y que publica en exclusiva Okdiario. El coste del dispositivo supone más de 8.300 euros por menor y mes, una cifra que ha desatado críticas políticas y sociales por el uso de recursos públicos en plena presión presupuestaria.
El inmueble, situado en una zona residencial del entorno de La Rioja, cuenta con varias habitaciones individuales, jardín, piscina y servicios de manutención, vigilancia y atención socioeducativa externalizados a una empresa adjudicataria. El contrato incluye además transporte, personal de acompañamiento y gastos corrientes.
Un coste muy superior al estándar
Fuentes del sector social consultadas explican que los módulos habituales de acogida residencial para menores tutelados por la Administración suelen moverse en rangos sensiblemente inferiores, dependiendo del grado de intervención educativa y psicológica. «Estamos ante un coste propio de un recurso premium, no de un dispositivo ordinario de protección», señalan.
Si se mantiene el gasto actual, el desembolso anual superaría 1,2 millones de euros, lo que ha provocado que la oposición pida explicaciones sobre los criterios de adjudicación y la proporcionalidad del contrato.
El Ejecutivo lo defiende por “seguridad y atención individualizada”
Desde el Ejecutivo autonómico justifican el modelo alegando razones de seguridad, integración y atención personalizada, al tratarse de un grupo reducido de menores con necesidades específicas. «Se trata de garantizar condiciones dignas y una intervención educativa eficaz», sostienen fuentes oficiales.
No obstante, varios partidos y asociaciones vecinales cuestionan que la dignidad deba traducirse en instalaciones de lujo, reclamando más transparencia y alternativas «más eficientes y sostenibles» que permitan atender a un mayor número de jóvenes con el mismo presupuesto.
Debate político y social
El caso ha reavivado el debate sobre la gestión del sistema de protección de menores inmigrantes, especialmente en comunidades con recursos limitados. Los críticos consideran que este tipo de contratos puede generar agravios comparativos frente a otros centros de menores o servicios sociales infrafinanciados.
Mientras tanto, la oposición ha anunciado solicitudes de información detallada sobre la adjudicación, el pliego de condiciones y el coste real por plaza, así como la posible revisión del contrato si se confirma el sobrecoste.
El episodio coloca de nuevo el foco en cómo se gestionan los fondos públicos destinados a políticas sociales, en un contexto de creciente tensión presupuestaria y exigencias de mayor control del gasto.
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