El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha ejecutado de madrugada la demolición de una presa con más de 500 años de antigüedad ubicada en el término municipal de Veganzones, en la provincia de Segovia, una actuación que ha generado una fuerte polémica al haberse llevado a cabo sin previo aviso a los afectados y después de que el propio Ejecutivo hubiera prometido públicamente su restauración.
La intervención, ejecutada en silencio y con maquinaria pesada durante la noche, ha provocado la indignación de vecinos, asociaciones patrimonialistas y colectivos locales, que denuncian una grave vulneración de compromisos institucionales y un atentado contra el patrimonio histórico de la zona.
Una presa histórica con siglos de uso tradicional
La presa, de origen medieval y con más de cinco siglos de historia documentada, había sido utilizada durante generaciones para el riego tradicional, el abastecimiento agrícola y la regulación del caudal en la zona. Según los afectados, formaba parte del paisaje histórico y cultural del entorno, además de estar integrada en la memoria colectiva del municipio.
Las asociaciones locales aseguran que existían informes y compromisos previos de distintas administraciones que apuntaban a la rehabilitación y consolidación de la infraestructura, nunca a su demolición total.
Promesa de restauración incumplida
Los vecinos recuerdan que el Ejecutivo central, a través de organismos dependientes del Ministerio competente en materia de agua y medio ambiente, se comprometió a restaurar la presa, alegando su valor histórico y su compatibilidad con los usos actuales del cauce.
Sin embargo, la actuación final ha sido radicalmente distinta: derribo completo, ejecutado de madrugada y sin notificación previa a los propietarios colindantes ni a las entidades locales afectadas.
Denuncias por falta de transparencia
Los afectados denuncian una absoluta falta de transparencia y estudian ya acciones legales para depurar responsabilidades. Consideran especialmente grave que la demolición se realizara en horario nocturno, lo que, a su juicio, buscaba evitar protestas o presencia vecinal.
«Nos prometieron una restauración y nos despertamos con la presa destruida», señalan desde el entorno afectado, que acusa al Gobierno de actuar con opacidad y desprecio por el patrimonio rural.
Polémica por la gestión del patrimonio hidráulico
Este episodio vuelve a situar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el centro de la polémica por la gestión del patrimonio hidráulico e histórico, especialmente en el medio rural, donde numerosos colectivos denuncian una política de eliminación de infraestructuras tradicionales bajo criterios técnicos que no siempre se explican públicamente.
Por el momento, el Gobierno no ha ofrecido una explicación detallada sobre los motivos concretos del derribo ni sobre por qué se incumplió el compromiso de restauración previamente anunciado.
El Gobierno ha invertido 2.500 millones de euros en demoler las presas que construyó Franco
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