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Que nadie se llame a engaño: Si mañana le viene bien arrojarlos al mar a puntapiés y necesita los votos, también lo hará.

Como subraya el periodista Antonio Naranjo, el trilero Pedro Sánchez podría regularizar a medio millón de inmigrantes, pero también deportarlos a Siberia, obligarles a aguantar una entrevista de Intxaurrondo a Puente, regalarles un chalet en La Moraleja o correrlos a palos para que vuelvan a Marruecos o a Ecuador.

Todo dependería de lo que necesitara en cada momento, de qué lograra a cambio y de quién se lo pidiera.

Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que activa la tramitación urgente para regularizar a unos 500.000 inmigrantes ilegales.

Este acuerdo, alcanzado entre el PSOE y Podemos, permitirá a quienes demuestren haber estado al menos cinco meses de forma continua en España antes del 31 de diciembre de 2025 obtener un permiso inicial de residencia y trabajo por un año. Las solicitudes comenzarán en abril y se podrán presentar hasta junio, con un plazo máximo de resolución de tres meses.

No hay que ser un lince para concluir que una persona que, por ejemplo, haya sido detenida recientemente por hechos graves pero no haya sido condenada y, en consecuencia, no cuente todavía con antecedentes penales, podrá beneficiarse de la medida pactada por el Gobierno con Podemos.

No es sólo que nos enfrentemos a un problema evidente de seguridad ciudadana, sino que se producirá sí o sí un efecto llamada que pondrá en peligro el funcionamiento de los servicios públicos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha descrito este momento como un «día histórico» que dignifica a personas ya integradas en la sociedad y contribuye al crecimiento económico. Cabe recordar que el 14% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros.

Este permiso será aplicable en todo el territorio nacional y abarcará cualquier sector laboral, incluyendo a los hijos menores, quienes tendrán una vigencia de cinco años.

Para acreditar la estancia, se aceptarán documentos públicos o privados, siempre que no haya antecedentes penales ni amenaza al orden público.

No obstante, esta medida evita el control parlamentario al tramitarse por real decreto, lo que impide debates en el Congreso y provoca críticas por parte del PP y VOX.

Por su parte, Irene Montero, representante de Podemos, celebra haber conseguido lo que el PSOE no quería llevar a cabo. En cambio, Yolanda Díaz considera esta decisión como «la mejor noticia» frente a las actitudes «racistas» de la derecha.

Críticas por seguridad y control

Los sindicatos policiales han expresado su preocupación por los riesgos asociados. Alertan que esta regularización masiva podría comprometer la seguridad ciudadana al otorgar documentación a irregulares sin controles rigurosos y facilitar la reagrupación familiar inmediata. Lo más preocupante es que los beneficiarios no podrán ser expulsados fácilmente, ni siquiera si cometen delitos graves, lo que complicaría aún más la gestión del delito.

VOX, por su parte, ya ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Califican este decreto como una «locura» que podría colapsar los servicios públicos, incentivar el «efecto llamada» y responder a maniobras políticas del PSOE para mantenerse en el poder. Acusan a Sánchez de «sustituir» al pueblo español con inmigrantes, intensificando las tensiones en áreas como sanidad, vivienda y empleo.

El PP, en su línea crítica, sostiene que las regularizaciones masivas son ilegales y deben evaluarse caso por caso. Su portavoz, Ester Muñoz, interpreta esta medida como un intento de desviar la atención de problemas más urgentes como el reciente accidente ferroviario en Adamuz.

Choca con directrices europeas

La Unión Europea lleva años demandando una mayor coordinación entre los Estados miembros. El Pacto de 2008, todavía vigente, advierte sobre las regularizaciones «generalizadas» y selectivas. El nuevo pacto previsto para 2024 exige informes anuales a la Comisión Europea para evitar «movimientos secundarios», es decir, que los inmigrantes ilegales que se regularicen en un país como España se trasladen a otro sin control alguno, alterando así el equilibrio dentro de la UE.

España ha llevado a cabo siete procesos de regularización: dos bajo el mandato del PP (en 2000 y 2001) beneficiando a más de 500.000 personas; cuatro bajo el gobierno del PSOE, siendo la última en 2005 con Zapatero, donde se regularizó a 576.506 individuos. El Gobierno defiende que esta medida busca ordenar situaciones ya existentes y complementa la reforma del Reglamento de Extranjería prevista para 2025, que anteriormente facilitó unas 95.000 autorizaciones por arraigo.

• Beneficiarios principales: Predominantemente provenientes de Hispanoamérica (Colombia, Perú, Honduras) con cifras oficiales alrededor de 500.000; otros estiman hasta 840.000 según diferentes cálculos.
• Plazos clave:
  • Solicitudes: desde abril hasta el 30 de junio de 2026.
  • Resoluciones: hasta tres meses; posibilidad de trabajar desde la admisión (15 días).
  • Lugares: oficinas del Seguridad Social, delegaciones del Gobierno o mediante vía telemática.
• Ventajas gubernamentales: Aumento en cotizaciones e impuestos; integración laboral ya cuenta con unos 800.000 extranjeros involucrados en reformas laborales.

La ministra Elma Saiz ha prometido agilizar los trámites mediante refuerzo del personal encargado; sin embargo, los preparativos generan inquietud. Mientras el Gobierno aboga por derechos humanos y beneficios económicos, sus opositores temen un posible colapso social. Este decretazo surgido tras pactos con Podemos va a empeorar aún más los problemas de inmigración que padece España al provocar no sólo efecto llamada, sino que los ilegales regularizados traigan a nuestro país a sus familiares y se dispare aún más la demanda de vivienda o de prestaciones económicas, educativas y sanitarias.