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Pedro Sánchez publicó un vídeo en el que acusaba al PP de tener como rehenes a los jubilados, justo tras la derrota en la votación en el Congreso del real decreto que mezclaba cosas dispares como la revalorización de las pensiones con la prórroga del blindaje a okupas e inquilinos morosos para que puedan seguir usurpando las viviendas a sus legítimos dueños.

Lo sorprendente es que este material ya había sido grabado previamente, según fuentes cercanas al Parlamento. El Ejecutivo repitió una táctica similar a la utilizada en 2025, anticipándose al fracaso para culpar a la oposición y construir su narrativa mediática.

Los socialistas, junto a sus aliados y con Yolanda Díaz al frente, arremetieron con fuerza contra Alberto Núñez Feijóo y su partido.

Ni VOX, ni Junts, ni UPN apoyaron el texto, que vinculaba un incremento del 2,7% en las pensiones –aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025– a medidas injustas como el blindaje a okupas e inquiokupas por un año más que incluía también la obligación legal de pagarles agua, luz y gas a los usurpadores de vivienda. Como si desconociera que este real decreto se rechazaba por mezclar cosas diferentes, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, tuvo el cinismo de salir del pleno acusando a los que habían votado en contra de este batiburrillo de «perjudicar a los pensionistas».

La misma cantinela repetía María Jesús Montero, asegurando desde Andalucía que los populares votaron en contra de los intereses de 1,6 millones de jubilados allí. Hasta candidatas autonómicas como Pilar Alegría en Aragón se unieron al follón montado por la izquierda y sus palmeros en redes sociales.

El PP y Junts habían avisado días antes que no respaldarían un «decreto ómnibus» por mezclar materias muy diferentes en un mismo decreto y pedían al Ejecutivo que presentase cada medida por separado si quería contar con su apoyo.

En respuesta, Feijóo lanzó un vídeo diciendo: «El Gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa. El PP considera que tienen derecho a ambas cosas». Y es que hay cientos de miles de pensionistas que también alquilan su vivienda y a los que las leyes pro okupas e inquiokupas del Gobierno les deja indefensos y hasta les pretendía obligar a pagar el agua, luz y gas que consumieran los delincuentes en sus casas.

Miriam Nogueras, de Junts, denunció el «chantaje político» del PSOE, que utiliza a los pensionistas para colar medidas para para proteger a delincuentes que usurpan la vivienda ajena o para que los inquilinos morosos puedan vivir en una casa sin pagar el alquiler. Los independentistas presentaron su propia proposición de ley centrada únicamente en la revalorización del 2,7%, con efectos retroactivos desde enero. Tanto Vox como UPN se alinearon con esta postura, dejando al Gobierno sin mayoría.

Hubo un tiempo que los partidos acordaron excluir las pensiones del debate político para buscar soluciones a un problema perfectamente definido.

Sánchez carece de brújula moral https://t.co/44pz2R4nkn

— Dr Turmo (@Carlospuntocom) January 28, 2026

La activista okupa de Sumar en el ojo del huracán

Durante el pleno, una activista de Sumar, disfrazada como jubilada, acaparó la atención. Invitada por Yolanda Díaz, aprovechó para criticar al PP por rechazar el decreto. Vestida con un chaleco reflectante y adoptando el aire indignado de una pensionista, culminó así una estrategia destinada a desacreditar. Fuentes del Congreso apuntan a que se trata de una militante okupa vinculada con la formación morada, lo que provocó risas en la oposición. Horas antes, Elma Saiz, ministra de Sanidad, había solicitado «responsabilidad», pero el Gobierno ya tenía claro su guión.

No es un hecho aislado. En 2025, un decreto similar fracasó y Sánchez logró reconducirlo mediante un pacto exprés con Junts, obligando al PP a rectificar para no perder votos entre los jubilados. Ahora Moncloa parece dispuesto a repetir el decreto tal cual; aunque lo más probable es que se presente un «decreto limpio» solo sobre pensiones para agilizar su convalidación. El Ejecutivo estima que esta subida beneficiará a más de 10 millones de pensionistas, con incrementos mínimos del 7% y pensiones no contributivas fijadas en 8.803 euros anuales. El tope máximo está establecido en 3.359,60 euros mensuales.

Las repercusiones podrían ser inmediatas. Sin su convalidación, las pensiones correspondientes a febrero quedarían en suspenso; sin embargo, el Gobierno garantiza que no habrá vacío legal. En este sentido, Bolaños apeló a la «altura de miras», mientras que Ester Muñoz, del PP, exigió desvincular las pensiones del tema «inquiokupación». El famoso Pacto de Toledo, respaldado por los populares, apoya subidas atadas al IPC pero sin mezclas.

Para ilustrar mejor cómo quedaría la revalorización:

• Límite ingresos mínimas: Sin cónyuge: 9.442 euros anuales; Con cónyuge: 11.013 euros.
• Pensión máxima: 47.034,40 euros anuales (14 pagas).

En su mensaje grabado, Sánchez prometió «proteger la dignidad de nuestros mayores», mientras que ya en noviembre anterior había presentado una proposición para aumentar las pensiones sin condiciones impuestas. Curiosamente es el quinto año consecutivo en el que se producen subidas ligadas al IPC (actualmente un 2,7%, frente al 8,5% registrado en 2023). La activista vinculada a Sumar ha inspirado memes instantáneos en redes sociales comparándola con «okupas jubilados». Así fue como este decreto cayó por primera vez en 2026, dejando a Díaz sin su escudo social durante unas horas.