El denominado decreto ómnibus del Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras las críticas del Partido Popular (PP), que cuestiona tanto su forma como su contenido. Según la formación, el Ejecutivo ha optado por agrupar en una sola norma medidas de naturaleza muy distinta, una estrategia que, a su juicio, dificulta el debate parlamentario y condiciona el sentido del voto de los diputados.

Desde el PP se sostiene que el decreto constituye un “popurrí de medidas” que deberían tramitarse por separado, permitiendo así un análisis individualizado de cada iniciativa. En la imagen difundida por el partido se señala que el objetivo de esta fórmula sería forzar una votación en bloque, mezclando cuestiones sensibles para la ciudadanía con otras de alto impacto político.

Uno de los puntos más controvertidos, según la oposición, es la inclusión de medidas relacionadas con la vivienda bajo el paraguas del llamado “escudo social”. El PP afirma que, bajo esa denominación, el Gobierno estaría priorizando los derechos de los okupas frente a los propietarios, una acusación que se resume en el mensaje “el Gobierno de la okupación”. Esta crítica se inscribe en un debate más amplio sobre el acceso a la vivienda, la seguridad jurídica y el equilibrio entre protección social y derechos de propiedad.

Otro eje central de la controversia gira en torno a las pensiones. El PP denuncia que el Ejecutivo estaría utilizando el incremento de las pensiones como elemento de presión política, al vincularlo en el mismo decreto con medidas que generan rechazo en parte del arco parlamentario. “Los pensionistas no pueden ser rehenes”, subraya el mensaje, en referencia a la necesidad de desvincular la revalorización de las pensiones de otras políticas ajenas a este ámbito.

En este contexto, la propuesta defendida por el PP pasa por separar el decreto en iniciativas independientes, de modo que el aumento de las pensiones pueda aprobarse de forma específica, sin quedar supeditado a la aceptación de medidas relacionadas con la ocupación de viviendas. Según la formación, esta vía permitiría un debate más transparente y evitaría lo que consideran una manipulación de la opinión pública.

El uso de decretos ómnibus no es nuevo en la política española, pero su aplicación en asuntos de alto impacto social suele generar controversia. Mientras el Gobierno defiende esta herramienta como un mecanismo para agilizar la acción legislativa, la oposición insiste en que reduce el control parlamentario y limita la capacidad de los representantes para posicionarse con claridad.

El debate sobre el decreto ómnibus refleja, en última instancia, la tensión política en torno a las políticas sociales, la vivienda y el sistema de pensiones, en un momento en el que estas cuestiones ocupan un lugar prioritario en la agenda pública y en la preocupación de los ciudadanos.