La Fiscalía pide archivar el caso contra Errejón por su presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá
La Fiscalía se opone a llevar a juicio a Íñigo Errejón por la supuesta agresión sexual a Elisa Mouliaá y pide archivar el caso
La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa contra el exdiputado Íñigo Errejón, investigado por una supuesta agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá. El Ministerio Público respalda así el recurso presentado por la defensa contra el auto judicial que acordaba la apertura de juicio oral.
Según el escrito fiscal, no ha quedado acreditado que Errejón fuera consciente de que la relación no fuera deseada, un elemento clave para sostener la acusación penal en este tipo de delitos. Por ello, considera que no existen indicios suficientes para sentar al exdirigente político en el banquillo.
Falta de pruebas concluyentes, según el Ministerio Público
La Fiscalía subraya que el procedimiento no ha logrado demostrar que el investigado percibiera una negativa expresa o implícita por parte de la denunciante durante los hechos relatados. En este sentido, el escrito incide en que la carga probatoria exigida para avanzar hacia la fase de enjuiciamiento no se cumple con el material incorporado a la causa.
El Ministerio Público recuerda que el Derecho Penal exige certeza suficiente sobre la concurrencia del dolo —esto es, el conocimiento de la falta de consentimiento— y que, en ausencia de esa acreditación, no procede continuar el proceso.
Recurso contra la apertura de juicio oral
La petición de archivo llega tras el recurso interpuesto por la defensa de Errejón contra la resolución judicial que acordaba celebrar vista oral. La Fiscalía se alinea con ese recurso y considera que la apertura de juicio no está debidamente motivada desde el punto de vista probatorio.
Este posicionamiento supone un giro relevante en el procedimiento, al debilitar de forma sustancial la viabilidad del caso en sede judicial.
Impacto político y mediático del caso
La investigación ha tenido un fuerte impacto mediático y político, al afectar a una figura destacada del espacio político de la izquierda. El caso reabrió el debate sobre los límites entre responsabilidad penal y juicio social, así como sobre el uso político y mediático de denuncias que finalmente no prosperan en los tribunales.
Desde el entorno del exdiputado siempre se ha defendido su inocencia y se ha denunciado un linchamiento público previo a cualquier resolución judicial firme.
A la espera de la decisión judicial
Ahora será el órgano judicial competente el que deba resolver si atiende la petición de la Fiscalía y decreta el archivo definitivo o si, por el contrario, mantiene la apertura de juicio oral.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre presunción de inocencia y presión mediática, especialmente cuando los hechos afectan a figuras públicas y se desarrollan en un contexto de alta polarización política.
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