La tragedia se desarrolló en cuestión de segundos, bajo la luz del día, en el portal de una vivienda situada en el distrito madrileño de Carabanchel.
Una mujer de 48 años, de origen boliviano, cayó desplomada en la entrada de su casa tras recibir múltiples puñaladas presuntamente infligidas por su propio hijo, un chaval de 20 años que, poco después del incidente, se presentó voluntariamente en una comisaría cercana.
Este caso reabre el debate sobre la violencia familiar y la atención a los problemas de salud mental y discapacidad intelectual entre los jóvenes.
Fuentes cercanas a la investigación han indicado que el presunto autor del parricidio tiene reconocida una discapacidad intelectual del 30% y estaba bajo tratamiento médico.
El ataque en el portal
De acuerdo con las indagaciones policiales y los testimonios iniciales de los vecinos, los acontecimientos tuvieron lugar alrededor del mediodía en un bloque residencial del barrio. La víctima salió al portal tras mantener una discusión con su hijo, quien residía con ella.
Algunos residentes escucharon gritos y golpes provenientes del interior del hogar, seguidos por un silencio inquietante y posteriormente nuevos alaridos desde el zaguán. Cuando varios vecinos se asomaron, encontraron a la mujer tendida en el suelo del portal, con varias heridas causadas por arma blanca en el torso y el cuello.
La víctima recibió múltiples puñaladas con un cuchillo de cocina. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente tras recibir avisos de los vecinos, pero solo pudieron certificar su muerte debido a una parada cardiorrespiratoria provocada por las heridas.
El presunto agresor abandonó inicialmente el edificio, pero se presentó poco después en una comisaría de la Policía Nacional, donde confesó haber perpetrado el ataque.
Los sanitarios del Samur atendieron a varios testigos que sufrieron crisis de ansiedad. La escena fue rodeada por un amplio cordón policial mientras llegaban los investigadores de Homicidios y la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver.
Un hijo de 20 años con discapacidad intelectual reconocida
La identidad del joven permanece bajo secreto, aunque fuentes relacionadas con el caso han confirmado que se trata de un ciudadano boliviano, de 20 años, que presenta una discapacidad intelectual reconocida del 30% y está bajo seguimiento médico y farmacológico. Esta circunstancia abre un análisis crucial: cómo podría haber afectado su capacidad para comprender lo sucedido y controlar sus impulsos durante el crimen.
Entre los elementos relevantes que manejan los investigadores se encuentran:
- Un reconocimiento administrativo de discapacidad moderada asociado a dificultades cognitivas y adaptativas.
- El joven estaba bajo tratamiento médico, algo que deberá ser confirmado mediante historiales clínicos y peritajes psiquiátricos.
- La familia era consciente de la situación del chico y había manifestado episodios previos de inestabilidad emocional; sin embargo, no existen denuncias formales por violencia doméstica hasta ahora.
En el ámbito penal español, este tipo de casos suelen requerir:
- Un informe sobre imputabilidad elaborado por psiquiatras y psicólogos forenses que determine si el acusado comprendía la ilicitud de sus actos y si podía actuar conforme a esa comprensión en el momento del crimen.
- La posible aplicación de una eximente total o parcial debido a trastornos mentales o alteraciones intelectuales, o bien considerar atenuantes por alteración psíquica.
El encaje penal: parricidio, homicidio y salud mental
La muerte violenta de una madre a manos de su hijo se clasifica inicialmente como parricidio, considerado como modalidad agravada del homicidio cuando quien comete el delito mata a un ascendiente directo. En términos prácticos:
- La Fiscalía podría acusar al joven tanto por parricidio como por homicidio agravado, solicitando penas severas.
- Por su parte, la defensa probablemente centrará su estrategia en argumentar sobre el estado mental del acusado, su discapacidad reconocida y cómo esto pudo influir debido a la medicación o su ausencia.
En delitos como este, los tribunales suelen tener en cuenta varias consideraciones:
- La relación familiar es vista como un elemento agravante debido a la especial vulnerabilidad inherente al vínculo familiar.
- La planificación (o falta de ella) así como la dinámica del ataque ayudan a distinguir entre un arrebato impulsivo o una agresión premeditada.
- La historia previa relacionada con conflictos o violencia intrafamiliar puede reforzar la idea de un patrón ascendente de maltrato si se confirma.
La fase inicial del proceso judicial será crucial: ahí se establecerán las medidas cautelares (prisión provisional u otras alternativas) y se ordenarán las pericias psiquiátricas que marcarán el rumbo procesal.
Una madre trabajadora y pilar familiar
Los relatos recogidos entre vecinos y conocidos presentan a la mujer fallecida como una figura central dentro del núcleo familiar. De origen boliviano, llevaba varios años residiendo en Madrid y había hecho vida en Carabanchel, donde era reconocida entre sus vecinos.
Se dedicaba a trabajos relacionados con servicios y limpieza para mantener al hogar. Contaba con una red solidaria formada por compatriotas y vecinas del edificio.
Era conocida por volcarse en cuidar a su hijo debido a su discapacidad, acompañándole frecuentemente a citas médicas y gestiones administrativas.
Varios allegados describen cómo la relación entre madre e hijo estuvo marcada por tensiones crecientes durante los últimos meses; discusiones acaloradas que algunos residentes escucharon sin que llegaran a interponer denuncias previas ante las autoridades. Esa línea difusa entre conflicto doméstico e inminente riesgo grave no fue cruzada a tiempo desde lo institucional.
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