La política de la bragueta: dos violadores, candidatos en las elecciones argentinas

La política de la bragueta abierta en las elecciones argentinas: Dos casos, varias tragedias
Argentina | Mediterráneo Digital
“Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones: tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal”. (J.M. Serrat)
Dividir en episodios puede ser un anticipo de una larga letanía periodística difícil de narrar o un simple ordenamiento intelectual para ser lo más claro posible en la narrativa. Opto por la segunda opción, aunque, usted distinguido lector, tendrá el juicio final sobre esta esquela que intenta desnudar las aberraciones que permite la democracia argentina que, aunque es el mejor sistema de gobierno conocido, tiene deficiencias al punto tal de que un par de personajes manchados por el sino de la violación hayan llegado a aspirar a ocupar cargos públicos mediante el voto popular y, es más, uno de ellos lo logró. Al menos en las urnas.
Héctor “Chabay” Ruiz
Nacido en la ciudad de La Banda, segunda en importancia después de la Capital de Santiago del Estero, este ex cacique territorial ya sexagenario que gobernó como jefe máximo del ayuntamiento (intendencia) de su ciudad durante más de 20 años consecutivos fue sucedido en el cargo por su entonces viceintendente, Pablo Mirolo, tras haberse profugado de la Justicia del crimen provincial a raíz de una grave denuncia por la violación de una mujer que le fue a pedir trabajo en el despacho. Corrían turbulentos los últimos meses de 2014 cuando, saltando una tapia perimetral de su domicilio en La Banda, el entonces jefe comunal se dio a la fuga sorteando la valla policial con destino a la Costa argentina, donde pasaría las fiestas de fin de año con su amante, una mujer 20 años menor que él a quien apodaba “la nena” y que fue trasladada por uno de los choferes de la Municipalidad de La Banda hasta su lugar de clandestina residencia en un vehículo perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “Tráeme la nena” fue la orden. Y así se cumplió.
Poco duraron los días de “Chabay” al margen de la Ley. Fue detenido en enero de 2005 mientras tomaba sol en una casa quinta en Buenos Aires por la División de Delitos Complejos, alojado en celda común y posteriormente trasladado hasta la Capital de Santiago del Estero donde su comparecencia en calidad de detenido fue inevitable.
En juicio abreviado, para evitar cumplir condena en un servicio penitenciario según la Ley argentina, Héctor “Chabay” Ruiz se confesó violador. Reconoció ante el juez todo y cada uno de los aberrantes hechos por los que fue denunciado. El despacho de la intendencia pasó a ser la prostibularia posada de un depravado que deshonró las instituciones.
Ostentaba por esos días el cargo de concejal de la Banda, recinto legislativo del que fue expulsado por inhabilidad moral. La condena a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos no fueron impedimento para que este oscuro personaje de la política argentina se siga moviendo entre las sombras.
Fue en 2021 que “Chabay” Ruiz se presentó en elecciones al cargo de Diputado Provincial por uno de los sectores de la oposición local. Y ganó una banca. De inmediato organizaciones feministas y de DD.HH. alzaron la voz en manifestaciones públicas para el cuerpo legislativo le impida gozar de fueros parlamentarios en virtud de que tiene una denuncia más en curso también por presuntos abusos sexuales que, a la fecha, aún no está definida.
La Cámara de Diputados de la Provincia, en la sesión preparatoria de diciembre de 2021 rechazó los pliegos de Héctor Ruiz y lo “invitó a desalojar su banca” por falta de ética e inhabilidad moral, mientras que desde el sector de barras le gritaban “violador”, “dipuviolador” y “no queremos más violadores”.

Entre gritos y quejas no le quedó otra salida que resignarse y recurrir queja a la Corte Suprema de Justicia en un fallo que aún sigue pendiente de resolución.
En su casi senil persistencia, Ruiz se suma al sector radical denominado “Despierta Santiago”, liderado por el dirigente Alejandro Parnás y que lo llevó como candidato a Senador y diputado provincial en la boleta del pasado de octubre. Doble candidatura en un país que repudia las candidaturas testimoniales habla en parte del vale todo de “Chabay” y sus socios políticos en una saga que da para varias temporadas en la mejor de las plataformas de streaming. Llegó, “con la lengua afuera”, como se dice en Argentina, pero llegó. Logró una banca en la misma legislatura que hace cuatro años lo expulsó por indigno e inmoral. Un gran signo de pregunta se abre con esto: ¿Jurará el próximo diciembre el violador confeso como diputado provincial o seguirá siendo inhábil moralmente para representar a la sociedad desde un escaño? Punto. Aparte.
“Se tiran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente” (J.M. Serrat)
Emilio Rached

Ex cacique territorial de la Municipalidad de Pinto nació el 2 de junio de 1959 y sus abuelos de origen libanés se radicaron en la ciudad que años más tarde tomaría como “coto de caza”.
Estudió la carrera de licenciatura en Derecho, pero no la terminó y, a los 22 años ejerció su primer cargo público: presidente del pequeño Club Social de Pinto.
Fue en 1998 cuando comienza el escándalo que conmocionó a toda la Nación. Emilio Rached fue acusado por violación en perjuicio de una jovencita que en vida se llamaba María Elizabeth Cárdenas, de 16 años. Fue detenido e incomunicado por la Justicia del Crimen de la Provincia de Santiago del Estero, por orden del magistrado Ramón Astuf.

María Elizabeth murió en extrañas circunstancias en un accidente de tránsito luego de que Rached evitara la cárcel bajo promesa de casamiento.
En 1993 fue concejal y en 1995 intendente. A pesar de los gravísimos antecedentes.
En 1998 volvió a aparecer su nombre en las crónicas rojas de las páginas policiales de los periódicos cuando casi mata a “hostias” a una menor, según consta en el expediente 423/98 de la Justicia provincial. “Zafó” por la intercesión de un diputado provincial ante el entonces juez Alejandro.
En 2009 se desató el escándalo con la Fundación Pinares cuando el Ayuntamiento de Pinto (España) le reclamó a la intendencia de Pinto (Santiago) millones de euros que fueron girados para la construcción de viviendas sociales, con rendiciones poco claras, entre ellas una vivienda para niños pobres que terminó siendo un hospedaje de cazadores extranjeros.

El hermanamiento de las ciudades homónimas fue profundamente cuestionado por la falta de transparencia en el desembolso de 1.474.000 millones de euros procedentes de las arcas de los pinteños españoles para la construcción de 18 casas destinadas a personas con “necesidades”, que luego fueron licitadas y vendidas a 50 mil pesos a personas entre las que figuran la propia hija del intendente Rached. Y, algunas, utilizadas como residencia para cazadores traídos desde Europa en tours millonarios.

En las pasadas elecciones se presentó como candidato a vicegobernador por el mismo sector de Eduardo “Chabay” Ruiz. No logró su cometido, aunque, su hija, emparentada con Alejandro Parnás, frustrado candidato a gobernador sí logró una banca en la legislatura provincial. Y Rached no quedó sin vivir de la “teta” del Estado. Actualmente es Subsecretario de Desarrollo Territorial e Institucional del gobierno de Santa Fe, bajo el mando del gobernador Pullaro.
Ni el apoyo del actual intendente de La Banda, Roger Nediani, con el partido que “arrebató” a su exsecretario de economía Javier Alexandro (tal como lee, estimado lector) puedo elevar el techo electoral paupérrimo de Rached, Chabay Ruiz y compañía.

En la política de braguetas abiertas, el “ni una menos” suena como un tac tac hueco en el cajón de resonancia de la democracia argentina. Y gira recurrentemente como el caparazón de un caracol en la política santiagueña.
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